El “derecho a la ciudad” logra un consenso histórico en la Nueva Agenda Urbana

Sus defensores dicen que están dispuestos a aceptar la solución de compromiso, que permitiría por primera vez la inclusión de este concepto en un documento negociado a escala internacional.

La idea del derecho a la ciudad ha sido uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones de la Nueva Agenda Urbana. (SergeyIT/Shutterstock)

NACIONES UNIDAS — Los gobiernos superaron un importante obstáculo en las negociaciones finales de la Nueva Agenda Urbanala nueva estrategia de urbanización de las Naciones Unidas para los próximos 20 años— al llegar provisoriamente a un acuerdo sobre un concepto controvertido conocido como “el derecho a la ciudad”.

La agenda, que apunta a ofrecer una visión sobre las ciudades sustentables, debe ser aprobada el próximo mes en la conferencia Hábitat III, que se celebrará en Quito. Esta semana, los diplomáticos están apresurándose para cerrar el acuerdo sobre el documento antes de que la capital ecuatoriana se vea inundada por las 30.000 personas que, según se prevé, asistirán a la reunión de una semana de duración.

Durante meses, uno de los puntos de mayor polémica fue la cuestión del derecho a la ciudad, un concepto que ha obtenido un apoyo generalizado, sobre todo en América Latina, pero que no ha sido consagrado en el derecho internacional. En parte, este punto contencioso es lo que suscitó la ronda de conversaciones no programada de esta semana.

Ahora, un acuerdo intermedio permitiría conservar el polémico término en el borrador de la Nueva Agenda Urbana, algo que, según muchos observadores, es una conquista histórica. Sin embargo, lo haría a costa de diluir su definición en comparación con la propuesta inicial. De todos modos, sus defensores dicen que están dispuestos a aceptar la solución intermedia como un triunfo.

El jueves, varias delegaciones le comentaron a Citiscope que el acuerdo —al que se arribó en una reunión a puertas cerradas en la tarde del miércoles, el mismo día en que se iniciaron las conversaciones— sienta un precedente positivo, mientras los diplomáticos se disponen a profundizar en cuestiones más complejas para poder resolver las diferencias que persisten.

[Véase: For the New Urban Agenda, it’s now or never]

“Ayer se logró un muy buen consenso en torno a uno de los temas de mayor complejidad, y todos esperamos que suceda lo mismo con el resto de los puntos”, dijo el Secretario General de Hábitat III, Joan Clos, al dirigirse a las más de 60 delegaciones reunidas en la sede de las Naciones Unidas el jueves. “El resultado final siempre es una solución intermedia, y alentamos a todos ustedes a alcanzar este resultado tan positivo y favorable”.

Síntesis de derechos

El “derecho a la ciudad” surgió al principio del proceso Hábitat III como un reclamo de grupos de la sociedad civil que participan activamente en campañas a favor de la justicia social vinculadas a temas tales como la gentrificación, los desalojos forzosos, las ejecuciones hipotecarias, los refugiados, la privatización del espacio público y la criminalización de los sin techo.

“En vista de las circunstancias actuales, con los Estados miembros cada vez menos comprometidos con los derechos, esto es un triunfo”.

Nelson Saule
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad

Bajo el eslogan “Ciudades para la gente, no para fines de lucro”, esos grupos han pedido que la Nueva Agenda Urbana aliente a los gobiernos locales y nacionales a cuidar a sus habitantes más vulnerables en lugar de satisfacer los intereses del sector privado mientras el planeta continúa urbanizándose a un ritmo acelerado.

[Véase: La necesaria piedra angular para Hábitat II: el Derecho a la Ciudad]

El movimiento, que se integró al proceso Hábitat III a través de una plataforma de incidencia política llamada Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, se construyó sobre la base de una idea acuñada por el intelectual francés Henri Lefebvre en 1968. Más recientemente, la comunidad académica perfeccionó el concepto, en especial en el campo de los estudios urbanos: el geógrafo David Harvey ha sido uno de sus principales impulsores en libros y artículos.

Varios foros internacionales de la sociedad civil, como el Foro Social Mundial, buscaron una concepción común de la idea a principios de los años 2000. Sus esfuerzos dieron origen a la Carta Mundial sobre el Derecho a la Ciudad de 2004. Más tarde, el “Derecho a la Ciudad” se convirtió en el tema central del Foro Urbano Mundial de las Naciones Unidas celebrado en 2010 en Río de Janeiro.

En el ámbito político, el derecho a la ciudad ha sido adoptado por varios municipios de México y Europa, que han firmado la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, respectivamente.

El derecho a la ciudad también está consagrado en la legislación nacional de Brasil y Ecuador, los dos países que lideraron los esfuerzos para incluir el concepto en el proceso de Hábitat III.

[Véase: El desafío que plantea el acceso a la tierra y la inclusión en la Nueva Agenda Urbana]

Sin embargo, el término es relativamente desconocido en el mundo de los derechos humanos. A decir verdad, en la actualidad el “derecho a la ciudad” no está reconocido en la legislación internacional sobre derechos humanos, argumento que varios gobiernos esgrimieron para contrarrestar cualquier mención al concepto en la Nueva Agenda Urbana. Los activistas respondieron sostieniendo que el derecho a la ciudad es una síntesis de los derechos humanos existentes y no un nuevo derecho en sí mismo.

“En algunos países y ciudades, el reconocimiento del derecho a la ciudad y/o la adopción de las cartas sobre el derecho a la ciudad parecen haber mejorado de manera positiva la interacción entre las autoridades y los habitantes, y condujeron a resultados concretos”, comentó a Citiscope Bahram Ghazi, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una declaración escrita.

“Si el uso del concepto del ‘derecho a la ciudad’ puede alentar y movilizar a los gobiernos a que cumplan con sus compromisos vinculantes internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que prestarán la debida atención a las características esenciales de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos en sus leyes, políticas y prácticas”, continuó Ghazi, “puede resultar un aporte valioso para la Nueva Agenda Urbana y la materialización de los derechos humanos en todo el mundo”.

Atenuado pero histórico

El término se incluyó en el primer borrador de la Nueva Agenda Urbana emitido a principios de mayo. El texto decía lo siguiente: “Nos comprometemos a la realización del concepto de ciudades para todos, que en algunos países se define como el Derecho a la Ciudad y compila la sistematización compartida de los derechos existentes, procurando que todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sean capaces de habitar, usar y producir ciudades justas, sustentables, que existen como un bien común esencial para una alta calidad de vida”.

Sin embargo, de inmediato los gobiernos de todo el espectro político, incluidos los de Canadá, la Unión Europea, la India, Japón, la Federación de Rusia y los Estados Unidos, advirtieron que esta sección era controvertida. A su vez, Brasil y Ecuador encontraron aliados en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay, si bien nunca recibieron un apoyo formal del bloque de América Latina y el Caribe, conocido como GRULAC.

[Véase: Mexico seeks to place rights at the centre of the HabitatIII negotiations]

El derecho a la ciudad finalmente pasó a ser el tema central de varias sesiones de negociación a puertas cerradas, incluida la exitosa reunión del miércoles, en la que a los Países Bajos y al Uruguay se les asignó la tarea de copresidir un comité de redacción encargado de presentar un texto aceptable para todos.

Si bien hasta el momento la redacción no es la definitiva, múltiples fuentes de las delegaciones nacionales han confirmado que lo han logrado. Es probable que la versión final diga lo siguiente:

Compartimos una visión de ciudades para todos, que implica la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, procurando promover la inclusión y garantizar que todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, libres de cualquier forma de discriminación, sean capaces de habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, resilientes y sustentables, para fomentar la prosperidad y la calidad de vida para todos. Destacamos los esfuerzos de algunos gobiernos locales y nacionales por incorporar esta visión, a la que nos referimos como el derecho a la ciudad, en sus legislaciones, declaraciones políticas y cartas.

Si bien el término sobrevivió a cada una de las cuatro versiones de la Nueva Agenda Urbana, la redacción quedó cada vez más suavizada, tendencia que vuelve a observarse en la última versión. “Nos comprometemos” se transformó en “cimentamos” y luego en “compartimos”. Para los países que ya han adoptado el concepto, fue “se define como”, luego “entendido como”, más adelante “reconocido como”, y al final “referido como el derecho a la ciudad”. (Esta última versión también incluye el término en minúscula, en concordancia con el trato que reciben en el documento otros derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al desarrollo).

[Véase: Dámaso Luna Corona: Guaranteeing urban rights requires a ‘comprehensive approach’]

Nelson Saule representó a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad a lo largo de las negociaciones de Hábitat III y dice que está preparado para aceptar la solución de compromiso: “En vista de las circunstancias actuales, con Estados miembros cada vez menos comprometidos con los derechos, esto es un triunfo”, afirmó el jueves. Sin embargo, manifestó que se siente decepcionado porque la versión final ya no hace referencia a las ciudades como un “bien común”, lo que para él era un “punto central” en la formulación del derecho a la ciudad elaborada por su grupo.

No obstante, según la coordinadora de la Secretaría de Hábitat III, Ana Moreno, tales objeciones no deberían opacar el carácter histórico de la inclusión del término en un acuerdo internacional. “Los Estados miembros lo aprobaron conscientes de lo que estaban haciendo”, dijo ante un grupo de representantes de la sociedad civil el jueves.

Este artículo fue traducido al español a través de un acuerdo entre Citiscope y el Observatorio Latino Americano (OLA) de The New School, una universidad en Nueva York. Puede suscribirse al newsletter quincenal con artículos destacados en español de OLA-Citiscope aquí. Subscribe to weekly updates in English here.

Citiscope es miembro del Proyecto de Periodismo de Hábitat III; más información aquí.

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